Crisis de Derechos Humanos

Dra. Marisol Reyes Soto, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.        [email protected]

 

La protección y defensa irrestricta de los derechos humanos es un pilar esencial en el funcionamiento de cualquier país que aspire a ser considerado una democracia. En México, sin embargo, éste tema tan transcendental atraviesa por uno de sus peores momentos. El pasado mes de octubre, una delegación de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que nuestro país vive una grave crisis en esa materia. Su diagnóstico es producto de una profunda investigación efectuada en seis estados del país donde se han reportado el mayor número de casos de violaciones a los derechos humanos.

Trágicamente, el diagnóstico del organismo indica que varias zonas del país viven una situación de violencia e inseguridad extrema en donde las desapariciones forzadas, las ejecuciones extra-judiciales y los casos de tortura han llegado a un nivel crítico. Por otra parte, la impunidad y la falta de una atención eficaz a las familias de las víctimas ha revelado severas deficiencias que afectan la actuación de las instituciones encargadas de procurar justicia.

La problemática a nivel nacional, tiene reverberaciones en los ámbitos locales que se manifiestan de diferentes formas en cada una de las entidades federativas del país. El estado de Querétaro, por ejemplo, vive una importante controversia jurídica debido a que la anterior legislatura del Congreso del Estado de Querétaro aprobó una ley de derechos humanos que ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia por violar el artículo 102 B de la Constitución.

Esencialmente se argumenta que la nueva ley no garantiza la independencia, ni la autonomía del organismo encargado de defender los derechos humanos en el estado (DDHQ) porque su presidente y sus visitadores generales son designados por el poder legislativo sin consultar a la ciudadanía. De igual forma, la ley establece que el Congreso local tiene la facultad de remover al titular del organismo sin que para ello tenga que realizarse un juicio de precedencia, requisito que, por otra parte, surte efecto con su homólogo de carácter nacional.

En tiempos de incertidumbre y falta de credibilidad pública en las instituciones es imperativo que aquellos que tienen el privilegio de representar a la ciudadanía asuman la importancia y responsabilidad de sus cargos. Sin preámbulos deben demostrar de manera decidida su interés auténtico en la sociedad, antes que en sus evidentes intereses de grupo.