La economía de los delitos

La Dra. Claudia Leal García es profesora del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. [email protected]            Publicado en “El Financiero” el 14 de noviembre del 2016

El sociólogo estadounidense Edwin Sutherland acuñó en 1939 el término “cuello blanco” para referirse a aquellos delitos cometidos por personas respetables y de alto estatus social, en el curso de su ocupación. Sutherland explica que el desarrollo habitual de los patrones de la delincuencia surge de la relación entre delincuentes, y no de relacionarse con quienes no cometen delitos, o lo que es lo mismo, que para aprender a aullar, hay que andar entre lobos. En nuestro país es innumerable la cantidad de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno que han sido señalados como presuntos delincuentes de cuello blanco. Una vez más, en el Reporte de Competitividad Global 2016-2017 del Foro Económico Mundial, se señala que en México, el principal problema para hacer negocios en el país, es la corrupción. Sólo por mencionar uno de los sub-indicadores, imagínese que en el ranking entre 138 países, estamos en la posición 103 en la categoría de sobornos y pagos irregulares.

Dicen los economistas que los individuos responden a incentivos y que cualquier individuo es racional si basa sus decisiones en un análisis costo-beneficio. Y para delinquir hay que tomar la decisión de hacerlo. Cuando se toma la decisión de participar en un acto criminal o de corrupción, de nepotismo, de sobornos o de compadrazgo es porque seguramente los beneficios son mayores que los costos de hacerlo.  Los beneficios suelen ser cuantiosos. Al exgobernador Duarte se le atribuyen casi mil millones de pesos en inversiones inmobiliarias en México y en Estados Unidos. Por otro lado están los costos de delinquir, definidos básicamente por la probabilidad de ser aprehendido, la pena que impone la ley, la probabilidad de ser sentenciado y en algunos casos, espero, hay también costos que imponen las creencias religiosas y morales. En un país como el nuestro donde la impunidad es generalizada, los costos de delinquir son muy bajos y los beneficios netos muy altos. México es el segundo país con más impunidad, sólo después de Filipinas, según el Índice Global de Impunidad 2016 (IGI), elaborado por la Universidad de las Américas (UdlaP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ). A nivel territorial, el análisis costo-beneficio de estos delitos arroja daños muy superiores a los beneficios. Sus consecuencias negativas son de muy alto impacto. Por un lado, desalientan la competitividad de la región, y por otro lado se ve afectado de manera significativa el bienestar de los ciudadanos. Son recursos que se dejan de ejercer en labores de salud, de seguridad, de educación y de desarrollo social en general, y que por ende, afectan la calidad de vida de las personas, la cohesión social, la calidad de sus instituciones y sus objetivos de desarrollo. Si bien es cierto que nos urge destinar recursos a tener más y mejores policías y jueces, también necesitamos funcionarios con un profundo sentido hacia el bienestar común y no sólo hacia su propio bienestar, que no perciban sus años en funciones como una carrera para enriquecerse, que quieran trascender y ser recordados por sus obras y no por sus fechorías, que su visión de poder sea la del poder servir y poder ayudar, no la del poder que atropella y destruye. Soñar no cuesta nada, pero es que difícilmente podremos hablar de progreso y de libertad en nuestro país mientras los delitos de cuello blanco sigan siendo un negocio tan atractivo.