Lo que no es parejo, es “chipotudo”

Horacio Cardiel Pérez, profesor del departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro  hcardiel@itesm.mx

Esta era la frase favorita que un amigo de Monterrey solía decir cada vez que relataba una acción injusta que ocurría en la empresa en que trabajamos o cuando comentábamos algún acto injusto publicado por los noticieros. Imagino que alguna frase similar hemos expresado los mexicanos durante los últimos meses con las noticias que han aparecido en los encabezados de primera página en los diarios que reflejan ciertos favoritismos en la toma de decisiones. En esta ocasión quiero opinar sobre el daño que esta diferenciación en el trato ocasiona a la relación que debe existir entre las instituciones y los ciudadanos.

La noticia más reciente fue la privación de la libertad de la líder del sindicato de maestros. Fueron muchos los mexicanos que aplaudieron la acción gubernamental debido a que renació la esperanza de que ahora sí se aplicaría la justicia por igual a todos aquellos servidores públicos que han abusado de sus posiciones, dejando de lado la posibilidad de que se trate sólo de un hecho basado en la conveniencia política del momento. Lamentablemente la imagen de la institución presidencial está dañada por el pasado y podría deteriorarse más aun si no se da la aplicación igualitaria en los criterios para combatir los malos manejos de fondos públicos.

El uso de frases tan trilladas como “no se trata de una cacería de brujas”, “nadie está por encima de la ley” y “el que tenga pruebas que las presente” hacen recordar que las detenciones de los afamados “peces gordos” solo se dan por conveniencia política. Los mexicanos de cierta edad hemos visto esa película varias veces y somos incrédulos de la veracidad de nuestro gobierno. No creímos el número oficial de los muertos en el terremoto del 1985, los niveles de inflación oficiales en las épocas de crisis, la causa de los accidentes en que perdieron la vida dos secretarios de gobierno, y ahora no creemos en la explicación de la explosión en el edificio de Pemex debido a la acumulación de gas. El daño está hecho, podremos tener un presidente pero distará mucho de ser el líder que el país requiere a menos que se vean los esfuerzos por tener un trato igualitario con la corrupción que exista en otras instancias públicas.

La institución legislativa se encuentra igualmente dañada. Pareciera que esta instancia tiene como principal objetivo ganar elecciones a base de hacer ver mal al gobierno en turno. Recordemos la oposición del PAN a las reformas planteadas durante la administración Zedillo, y luego la venganza del PRI a las mismas reformas durante las administraciones de Fox y Calderón. Recuerdo el comentario de un Senador de este partido diciendo “ahora el PRI gobernará desde el Congreso”. Nunca imaginé que de lo que se trataba era hacer ver mal al partido en el poder para poder regresar a Los Pinos. En el colmo de lo increíble, las noticias recientes comentan sobre la eliminación de los “candados” que prevalecían en el PRI para que los diputados pudieran pensar libremente en ventajas y desventajas de impuestos sobre medicinas y alimentos. Tal parece que los maestros no son los únicos que necesitamos sean evaluados para mejorar la educación en México. Si el buen juez por su casa empieza, deberíamos evaluar a los diputados y senadores para mejorar el Poder Legislativo y evitar que algunos de ellos tengan que votar sin el análisis correspondiente frenando el crecimiento del país en pro de ganar una elección presidencial.

Desafortunadamente, el poder judicial no queda libre de mancha. La libertad otorgada a una extranjera involucrada en el delito de secuestro porque se violaron sus derechos es muestra de que tenemos un sistema de justicia tan imperfecto que elimina un delito mayor por una falta menor. Esta solución dañó la imagen que se pudo haber tenido de la Suprema Corte de Justicia. ¡Qué diferente sería el respeto y la autoridad de esa instancia si hubiera ordenado resarcir el daño por la violación de los derechos, procesar a los que violaron los derechos de la persona pero mantener la sentencia de la procesada debido a su participación en el delito mencionado! Otra diferencia de trato por la misma institución acaba de ocurrir al considerar que el caso de un indígena mexicano que lleva doce años de prisión sin que se le halla podido probar su culpabilidad no cumplía los requisitos necesarios para que fuera analizado por este máximo tribunal. Me pregunto: ¿cuáles serían estos requisitos? ¿faltó quizás la petición del presidente del país de procedencia del indígena?¿será su nacionalidad? ¿quizás la SCJ está segura que los derechos del indígena no han sido violados?

Por el bien del país, es urgente que los tres poderes se esfuercen por recuperar la autoridad y el respeto tan necesario para ofrecer a los ciudadanos un país más parejo y menos “chipotudo”.